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El juez de Guatemala cierra el caso de terrorismo contra cuatro líderes indígenas

La sentencia termina con una persecución radicada en las manifestaciones que defendió el resultado de las elecciones de 2023 en Guatemala, después de que los expertos de la ONU habían levantado preocupaciones sobre la detención arbitraria y el uso indebido de las leyes del terrorismo.

Traducción automática · Original en inglés · Ver original

El Tribunal rechaza enviar el caso al juicio

Un juez guatemalteco ha cerrado el caso penal contra cuatro líderes indígenas acusados de terrorismo y delitos relacionados durante las protestas nacionales en 2023. Los acusados fueron Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y Esteban Toc. El juez Mynor Moto encontró que el material presentado no proporcionó una base suficiente para un juicio público. La decisión remove una persecución que se había convertido en una prueba prominente de cómo el sistema de justicia de Guatemala trata a la organización política indígena y a la paz disidente.

Las tasas aumentaron a partir de la crisis electoral

Los cuatro líderes estaban asociados con las manifestaciones organizadas después de que los procuradores se mudaran contra el proceso electoral que llevó al presidente Bernardo Arévalo al cargo. Las autoridades indígenas, incluyendo los 48 cantones de Totonicapán, ayudaron a mantener los bloques de carreteras y las asambleas públicas que exigían respeto por el resultado. Los procuradores posteriormente trataron partes de esa movilización como terrorismo, asociación ilícita, seducción y obstrucción de la justicia. Los acusados sostuvieron que las protestas eran pacíficas y tenían como objetivo defender el gobierno constitucional en lugar de intimidar al público.

Pacheco, que más tarde se convirtió en vice ministro en el Ministerio de Energía y Minas, y Chaclán fueron arrestados en abril de 2025. Pasaron más de un año en pretriación antes de ser trasladados a prisión doméstica en agosto de 2026. La prolongada privación de libertad aumentó el control tanto de las evidencias como de la amplitud de las disposiciones terroristas de Guatemala. Puac y Toc fueron perseguidos en relación con el mismo movimiento de protesta, aunque sus circunstancias procedurales no eran idénticas.

Los expertos de la ONU han contestado la persecución

Los procedimientos especiales de las Naciones Unidas abordaron el caso directamente en julio de 2025. Su comunicación identificó a Pacheco y a Chaclán como antiguas autoridades indígenas y expresó preocupación por el hecho de que las acusaciones de terrorismo y asociaciones ampliamente marcadas podrían criminalizar la expresión legítima, la asamblea y el trabajo de derechos humanos. Los expertos también levantaron supuestas deficiencias en el acceso al material del caso, la asistencia jurídica y la revisión de la detención. Estas preocupaciones no determinaron la decisión del tribunal guatemalteco, pero establecen el contexto internacional de procedencia en el que ocurrió la renuncia.

Una decisión con consecuencias institucionales

El efecto inmediato es que los cuatro acusados no enfrentarán el juicio público solicitado sobre estas acusaciones. La importancia más amplia está en si los procuradores revisan otros casos que surgen durante el conflicto sobre las elecciones de 2023 y si los tribunales aplican un límite más estrecho cuando la protesta política se describe como terrorismo. Las organizaciones indígenas también supervisarán cualquier recurso o intento de revivir las acusaciones. Para el gobierno de Arévalo, el resultado remove un caso de alto perfil, pero deja disputas más amplias sobre la independencia del fiscal y la responsabilidad no resuelta.